Declaracion Patrimonial y de Intereses

Obligación legal

En México, todas las personas servidoras públicas —desde altos funcionarios hasta personal operativo— deben presentar sus declaraciones patrimoniales y de intereses.
Esto se encuentra regulado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), parte del Sistema Nacional Anticorrupción.

Tipos de declaraciones

1. Inicial → Al ingresar al cargo, empleo o comisión en la administración pública.

2. Modificación patrimonial → Cada año, durante mayo, reportando la situación al 31 de diciembre anterior.

3. Conclusión → Al terminar el encargo.

¿Qué debes declarar?

• Datos personales (identificación, puesto, dependencia).

• Ingresos percibidos (sueldos, honorarios, actividades financieras, etc.).

• Bienes inmuebles y muebles (casas, autos, joyas, obras de arte).

• Inversiones y cuentas bancarias.

• Deudas y pasivos.

• Participación en sociedades, asociaciones y órganos de gobierno.

• Declaración de intereses (para evitar conflictos de interés).

Sujetos obligados

• Funcionarios de los tres Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

• Personal de organismos autónomos (INE, INAI, CNDH, etc.).

• Servidores públicos de dependencias federales, estatales y municipales, sin importar el nivel o tipo de contratación.

Sanciones por incumplimiento

• Omisiones, alteraciones o falsedad = falta administrativa grave.

• Posibles sanciones: amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación para ejercer funciones públicas.

• En casos graves, incluso consecuencias penales.

Transparencia y acceso público

Desde la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción (2016), estas declaraciones tienen versión pública en la plataforma DeclaraNet (ámbito federal).
Los datos sensibles —como domicilios o números de cuenta— no se publican, garantizando seguridad y transparencia.

👉 En resumen: todo servidor público en México debe transparentar sus bienes, ingresos e intereses al inicio, durante y al final de su encargo, para prevenir la corrupción y fortalecer la confianza ciudadana.